Aíslan a detenida por el caso YPFB y piden 12 años de cárcel

Sin contacto con los medios de comunicación. S.C., una de las cuatro personas detenidas por la presunta corrupción al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), fue trasladada a celdas judiciales de la ciudad de El Alto.

Solo familiares directos y su abogado tienen acceso a ella, que espera ser sometida hoy a una audiencia de medidas cautelares, luego de que un juez de La Paz negara la solicitud de libertad formalizada por la defensa.

"Es cierto, está incomunicada y no se puede entrar. De hecho, a mucha insistencia he podido ingresar yo, pero no, a nadie que no tenga una relación directa con ella, tampoco a la prensa.

Es un intento de acallarla", sostuvo en contacto con EL DEBER uno de sus abogados, Ramiro Vega.

Además, el jurista informó que la Defensoría de la Niñez intentó quitarle a su bebé, todavía lactante. Sin embargo, la presencia de su padre evitó aquello y garantizó que la tutela de la menor se mantenga en manos de la familia.

Al respecto, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, negó que el Gobierno ejerza presión a la justicia para amedrentar a la presunta implicada. Al contrario, temió que exista impunidad en el caso.
“Nosotros como Gobierno esperamos que los administradores de justicia hagan su trabajo. No hay ninguna razón para que ejerzamos presión (...) Ojalá no haya impunidad”, dijo la autoridad del Ejecutivo.

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, exigió que se garanticen los derechos de los detenidos, sobre todo de S.C. por tener un bebé.

Piden 12 años de cárcel

El fiscal asignado al caso, Leopoldo Ramos, adelantó que pedirán 12 años de cárcel para S.C., Y.B.E., L.A.B.C. y G. A. T., el último es el único del supuesto ‘clan’ remitido con detención preventiva a la cárcel de San Pedro en La Paz.

“Logramos 12 años para Santos Ramírez y este es como el caso Catler Uniservice II, por eso vamos a pedir la misma pena para los implicados. Es exactamente lo mismo”, dijo el investigador a EL DEBER.

El juez sexto de instrucción penal-cautelar, Fernando Rivadeneyra, rechazó en la víspera la solicitud de libertad de los detenidos y un juez de El Alto definirá hoy medidas cautelares. Se solicita detención

Fuente: JESÚS ALANOCA
hidrocarburosbolivia.com
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