Editorial: Petreoperú

Por prurito ideológico, ciertos sectores buscan que la situación de la empresa petrolera estatal permanezca inalterable.

El anuncio de que las materias sobre las que el Ejecutivo solicitará facultades legislativas al Congreso incluirán la de una reorganización de Petro-Perú ha provocado un rechinar de dientes en quienes ven en esa entidad el último bastión de la desacreditada actividad empresarial del Estado y del mito de los ‘sectores estratégicos’ de la economía que aquel debe conservar bajo su manto.

Concretamente, el Frente Amplio (FA), por boca del congresista Manuel Dammert, y el representante de la Coalición Nacional de Sindicatos de Petro-Perú, Juan Castillo More, se han manifestado contrarios a la posibilidad de que tales facultades sean concedidas argumentando que estas no garantizan el fortalecimiento de Petro-Perú “como empresa clave para la soberanía estratégica nacional” o que podrían ser el instrumento para una “privatización encubierta”.  

Lo cierto, sin embargo, es que si bien la situación de la referida empresa fue una preocupación de Peruanos por el Kambio (PPK) desde la campaña, ya a partir de entonces y luego también cuando era presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski insistió en que la reestructuración de Petro-Perú supondría una modernización y no una privatización: un planteamiento que no por discutible dejaba de ser tajante, y que repitieron en distintos tonos sus colaboradores más cercanos.    

En una entrevista con este Diario de principios de julio, por ejemplo, cuando ya se sabía que sería el ministro de Economía, Alfredo Thorne aseveró: “En cualquier alternativa, Petro-Perú siempre va a existir como empresa del Estado. Lo que tenemos que lograr […] es que sea más eficiente”. Y también: “Deberíamos ansiar revitalizar Petro-Perú y convertirla en una empresa estatal de petróleo de primer nivel”.

Esto, por lo demás, es consistente con el motivo declarado ahora por los voceros del gobierno para incorporar la iniciativa de reorganizar la empresa al pedido de facultades: el nuevo derrame de petróleo –el quinto solo en este año– producido recientemente en la selva.

“Creemos que la situación de los derrames y los incidentes que hemos tenido lo ameritan”, ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Y tiene razón. Como hemos reflexionado en estas mismas páginas, cada uno de estos ‘accidentes’ se explica fundamentalmente por la obsoleta infraestructura de Petro-Perú y la desidia de los responsables de su administración para adaptarse al plan de adecuación pendiente desde el 2007. Un comportamiento que a su vez es consecuencia de que el esquema de incentivos que enfrenta una empresa pública la haga propensa a soslayar las medidas de seguridad necesarias para mantener una operación viable en el largo plazo.

En adición al problema ambiental que se genera, los costos que esto irroga a los contribuyentes son abrumadores, pues es con nuestros impuestos que se financian los organismos estatales encargados de investigar estos desastres, así como las multas que generan (lo que viene a sumarse a los más de US$3.500 millones de la peregrina refinería de Talara y a pérdidas como la de S/218 millones que la empresa arrojó en el 2014).

Si la empresa en cuestión va a existir, entonces, a costa de todos los peruanos, es lógico que exijamos que, a diferencia de lo que ocurre ahora, se ciña a los más altos estándares de responsabilidad ambiental y financiera. Y eso pasa por una reorganización expeditiva y urgente, como la que se ofrece con en este pedido de facultades.

Semejante empeño, sin embargo, se topa con la obstinación de quienes están dispuestos a mantener este estado de cosas como una estructura pétrea por un prurito ideológico y buscan pretextos para hacerlo. Arriba mencionamos dos ejemplos de ello, pero probablemente no sean los únicos.

De hecho, en los días siguientes y durante el debate parlamentario previo a la votación de estas facultades en particular, tendremos de seguro la oportunidad de observar otras posiciones demagógicas al respecto. Por lo que solo cabe esperar, por el bien del país, que por una vez no sean mayoría.

Fuente: El Comercio (Peru)