Crisis petrolera en Argentina #especial #domingo
Los subsidios a la producción petrolera doméstica y sus principales efectos distorsivos
Aspectos básicos
El llamado “precio interno del petróleo doméstico” o “precio del barril criollo” es, en términos prácticos, un subsidio a la renta de las empresas productoras de petróleo.
En efecto, tal como se aplica, el reconocimiento de un precio de venta mínimo o sostén para la producción de petróleo nacional que se refina en el país implica que el Estado pague por la producción que obtengan los productores –sin discriminar por pozos existentes y por pozos a perforar- la diferencia entre dicho precio sostén reconocido y el precio internacional del petróleo, que pagan las empresas refinadoras.
Las razones por las que es el Estado y no el refinador el que absorbe el mayor precio del crudo –aún cuando los combustibles en Argentina se venden a precios superiores a los internacionales- no es de público conocimiento. Sin embargo, puede que se base en el probable argumento de los refinadores no integrados (como es el caso de Shell), para quienes, cuando tienen saldos exportables de algún combustible, los venden a los precios internacionales, por lo que tendrían “pérdidas por exportación de combustibles” si reconocen un precio del crudo superior; ya que, internacionalmente, las variaciones de los precios de los productos y del crudo correlacionan.
En los casos de las empresas integradas (productoras y refinadoras) como YPF o PAE, también se reconoce el precio interno mínimo para el segmento de producción en yacimiento (o “upstream”).
En términos simples, es un subsidio a la renta -y no es un subsidio a la inversión- pues el precio reconocido es un precio tal que permite al productor de petróleo obtener ingresos mínimos que garanticen la rentabilidad o retorno positivo sobre las inversiones realizadas en el pasado y las inversiones a realizar. Si fuera un subsidio a la inversión, el Estado se haría cargo de una proporción de la inversión a realizar sin dar garantías o reservas de ingresos.
Para ejemplificar, estrictamente, podría resultar algún caso en que un productor pudiera recibir subsidio sin perforar siquiera un sólo pozo nuevo, simplemente haciendo efectivo el subsidio por la producción que obtiene de los pozos existentes. En ese caso extremo, se explica con facilidad, por qué se trata de un subsidio a la renta y no a la inversión.
Siguiendo este razonamiento, resulta simple y directo explicar por qué no es un subsidio al empleo; pues de otorgarse un subsidio al empleo (y no a la renta o a la inversión) el Estado se haría cargo de todo o parte de los salarios de los trabajadores petroleros, por el lapso que considere necesario para garantizar el sostenimiento de los empleos. Esto es usual en algunos países –como Brasil e Italia- para algunas industrias críticas.
Por todo lo anterior, se puede suponer también, que el subsidio está garantizando no sólo renta sino un flujo de fondos (caja, o “cash-flow”) suficiente para el pago de dividendos, pues un indicador clave de la buena gestión empresarial para empresas que cotizan en las bolsas internacionales (como Tenaris), es la capacidad de generación y de pago de dividendos, para lo cual necesitan asegurar caja.
Producción nacional de petróleo exportada
La única excepción al subsidio corresponde a la producción nacional que se exporta que es la del crudo de alta densidad (calidad tipo Escalante, o “pesado”) que se produce en la Cuenca del Golfo de San Jorge (Chubut y Santa Cruz Norte).
Básicamente; con la salida de producción de la unidad de Coque, en el complejo de destilación de YPF en La Plata, no hay capacidad de refinación doméstica suficiente para destilar todo el crudo pesado que se produce en el país. Mientras se espera que la unidad de Coque de reemplazo se ponga en marcha este año; la provincia de Chubut está más afectada que la provincia de Santa Cruz, porque los productores Tecpetrol y Enap-Sipetrol–entre otros- con producción en Chubut no cuentan con capacidad de refinación propia, como sí ocurre con YPF y PAE que producen en ambas provincias.
Las razones que esgrimen las autoridades nacionales para exceptuar del subsidio a la producción nacional que se exporta son poco claras. En principio, aún con lo sofisticado que pueda parecer, la razón puede basarse en que los productores exportadores pudieron haber garantizado un precio mínimo para asegurar ingresos. En tal sentido, las empresas petroleras cuentan con herramientas financieras de gestión empresarial para mitigar los efectos de la baja en los precios.
La práctica se conoce en español como “cobertura de precios” y en inglés como “hedging”. Es muy común para todos los exportadores de “commodities” a precios internacionales (granos, minerales, etc.). En petróleo, se trata de una práctica bastante usual para productores no integrados con alta exposición a la reducción de ingresos (como es el caso de los exportadores argentinos o los productores de los reservorios no convencionales en Estados Unidos).
Si tenemos en cuenta que tanto los Sres. Rocca y Bulgheroni sostuvieron que el precio se estabilizaría en el rango de los 60 o 70 dólares por barril; y que en el pasado, el precio del crudo de referencia en Estados Unidos cotizaba a futuro -para 2015 y años siguientes- a precios superiores a los 70 dólares por barril, los empresarios tuvieron la oportunidad de cubrir su producción a precios mayores de los de equilibrio, y así no necesitar subsidios.
Sin perjuicio de lo anterior, lo concreto es que hoy Chubut percibe menos regalías en comparación con años anteriores y los productores amenazan con suspender la perforación de nuevos pozos si resulta que tal producción se va a exportar y, con la suspensión de equipos, despedir masivamente a los trabajadores petroleros.
A pesar de las graves circunstancias en la que se encuentran los trabajadores petroleros en general y todo el pueblo de Chubut, es precisamente Chubut el epicentro del conflicto que hace visibles los montos de los subsidios y sus implicancias, ya que hasta el presente la ciudadanía en su conjunto suponía que tanto la administración saliente como la actual los otorgaban para mantener inversiones y asegurar con ellas los puestos de trabajo.
Lo cual es un argumento falaz, desde la propia naturaleza teórica de los subsidios y porque –en la práctica- ya se han desactivados equipos de perforación y se ha despedido trabajadores petroleros directos y de las empresas de servicios y suministros petroleros en forma explícita o bajo “retiros voluntarios”.
Un subsidio directo al empleo habría sido más efectivo en la conservación de puestos de trabajo y en el nivel de inversiones.
Montos anuales de los subsidios
Se estima que a precios internacionales de 30 dólares por barril, el subsidio a la producción que se refina localmente podría superar los 6 mil millones de dólares anuales.El monto sería menor si la producción doméstica se reduce y/o si el precio del petróleo internacional aumenta. Recíprocamente, sería superior a menores precios internacionales y/o si aumentara la producción doméstica.
Las versiones indican que, de aprobarse, los subsidios a la exportación de petróleo rondarían los 500 millones de dólares anuales.
En consecuencia, con fines comparativos, el monto de subsidios para el año 2016 podría equivaler aproximadamente a la capitalización bursátil de YPF o algo más de 5 veces la valuación estimada de Petrobras Argentina.
Asimismo, también sería aproximadamente equivalente a la inversión total de pozos perforados en Argentina en 2015. Es decir, que la ciudadanía argentina podría estar “donando”a los empresarios petroleros toda la inversión en perforación de pozos nuevos sin percibir ningún beneficio por ello. Por el contrario, por la producción nueva que se obtenga de tales pozos, los productores cobrarán mayores subsidios. Lo cual es irracional desde el punto de vista de la ortodoxia económica y un despropósito en la situación acuciante que vivimos los argentinos.
Es de notar que esta medida pro-renta empresarial, es una continuidad de la medida adoptada por el gobierno saliente. En tal sentido, ambas administraciones son responsables de explicitar públicamente los valores transferidos y explicar a la ciudadanía su razonabilidad.
Inflación, poder adquisitivo del salario y nivel de empleo
Sin perjuicio de las responsabilidades compartidas con la gestión anterior, la administración del Presidente Sr. Mauricio Macri decide sostener esta política aún con precios internacionales del petróleo sustancialmente más bajos que los del año pasado y aún cuando genera inflación –la que dice combatir-; no sólo por el precio artificialmente alto de los combustibles refinados, sino también por los precios de la energía eléctrica producida (antes de transporte y distribución) que se calculan -en su mayor proporción- por el precio marginal del MWH de mayor costo (que en general, corresponde a unidades de generación de menor eficiencia abastecidas con fuel-oil o gas-oil).
Asimismo las autoridades deben informar a la sociedad cuánto mayor son estos subsidios pro-renta empresarial en comparación con el monto de los subsidios cancelados a los consumidores carenciados de gas y electricidad que contribuían a paliar los efectos de la pérdida del poder adquisitivo del salario y de los ingresos de personas jubiladas y los ahorros de las personas sin empleo.
Resulta sugestivo el amplio apoyo brindado por los medios de circulación nacional para difundir los efectos distorsivos de los subsidios a los consumidores carenciados y así apuntalar los anuncios del Sr. Aranguren en la materia, mientras guarda silencio ante las distorsiones de los subsidios pro-renta empresarial petrolera.
En todo caso, según los dichos del Sr. Presidente Macri y el Sr. Prat Gay en el Foro de Davos, Argentina está dispuesta a someter su economía a la revisión del FMI, por lo que tendrán que explicitarles a terceros los montos involucrados en subsidios. De la misma manera, deberían comprometerse a explicitarlos a la ciudadanía argentina que es la que tiene que hacerse cargo de los mismos.
Con respecto al empleo, mientras que el Sr. Triaca y el Sr. Punte (ex Director de Recursos Humanos de Ternium, que junto a Tenaris y Tecpetrol forman parte del grupo Techint) insisten en su postura de negociar paritarias sobre la base de la productividad del trabajo, lo cual es improcedente desde el punto de vista técnico, ya que la productividad es función del trabajo y del capital y está determinada por las decisiones empresariales sobre ambos factores; es notable cómo guardan silencio sobre el tema petrolero.
En números, de otorgarse un subsidio directo al empleo (en lugar de un subsidio a la renta); los más de 6 mil millones de dólares anuales podrían pagar –por lo menos- los salarios y cargas sociales para todo el sector petrolero y de servicios indirectos.
En conclusión, los ciudadanos comunes nos formulamos muchas preguntas:
¿Descartaron los equipos de planeamiento de las empresas un escenario de precios internacionales inferiores al de equilibrio? ¿Los toma tan de sorpresa la situación internacional cuando deciden inversiones multimillonarias en otros países (como la planta de tubos sin costura en construcción por parte de Tenaris en Estados Unidos)? ¿Piden subsidios a los gobiernos de México o de Estados Unidos, por sus inversiones en petróleo y gas en tales países? ¿Cómo se explica que se aprueben y paguen dividendos en efectivo en medio de despidos que se cuentan por miles? ¿Podrán los trabajadores participar de las decisiones empresariales para aumentar la productividad? ¿La productividad de los trabajadores petroleros se calcula con subsidios o sin subsidios?
Fundamentalmente nos preguntamos: ¿Son tan altamente calificados los equipos empresariales y los gerentes (el “management”) de las empresas argentinas cuando requieren subsidios del Estado que podría superar los 6 mil millones de dólares para el año 2016 en vez de recurrir a las herramientas usuales de la “gestión” empresarial? ¿Los CEOs que ocuparon cargos políticos son capaces de evaluar las repercusiones de las medidas que propician y adoptan sobre el conjunto de la economía o prevalecen sus visiones micro-empresariales por sobre la visión del conjunto?
Se pueden formular algunas hipótesis, pero antes sería más que oportuno y necesario que el gobierno haga explícitos los montos involucrados en las transferencias al sector empresarial y la lógica de las políticas de empleo y anti-inflacionarias.
Flavia Di Cino
dicino.flavia@gmail.com
Aspectos básicos
El llamado “precio interno del petróleo doméstico” o “precio del barril criollo” es, en términos prácticos, un subsidio a la renta de las empresas productoras de petróleo.
En efecto, tal como se aplica, el reconocimiento de un precio de venta mínimo o sostén para la producción de petróleo nacional que se refina en el país implica que el Estado pague por la producción que obtengan los productores –sin discriminar por pozos existentes y por pozos a perforar- la diferencia entre dicho precio sostén reconocido y el precio internacional del petróleo, que pagan las empresas refinadoras.
Las razones por las que es el Estado y no el refinador el que absorbe el mayor precio del crudo –aún cuando los combustibles en Argentina se venden a precios superiores a los internacionales- no es de público conocimiento. Sin embargo, puede que se base en el probable argumento de los refinadores no integrados (como es el caso de Shell), para quienes, cuando tienen saldos exportables de algún combustible, los venden a los precios internacionales, por lo que tendrían “pérdidas por exportación de combustibles” si reconocen un precio del crudo superior; ya que, internacionalmente, las variaciones de los precios de los productos y del crudo correlacionan.
En los casos de las empresas integradas (productoras y refinadoras) como YPF o PAE, también se reconoce el precio interno mínimo para el segmento de producción en yacimiento (o “upstream”).
En términos simples, es un subsidio a la renta -y no es un subsidio a la inversión- pues el precio reconocido es un precio tal que permite al productor de petróleo obtener ingresos mínimos que garanticen la rentabilidad o retorno positivo sobre las inversiones realizadas en el pasado y las inversiones a realizar. Si fuera un subsidio a la inversión, el Estado se haría cargo de una proporción de la inversión a realizar sin dar garantías o reservas de ingresos.
Para ejemplificar, estrictamente, podría resultar algún caso en que un productor pudiera recibir subsidio sin perforar siquiera un sólo pozo nuevo, simplemente haciendo efectivo el subsidio por la producción que obtiene de los pozos existentes. En ese caso extremo, se explica con facilidad, por qué se trata de un subsidio a la renta y no a la inversión.
Siguiendo este razonamiento, resulta simple y directo explicar por qué no es un subsidio al empleo; pues de otorgarse un subsidio al empleo (y no a la renta o a la inversión) el Estado se haría cargo de todo o parte de los salarios de los trabajadores petroleros, por el lapso que considere necesario para garantizar el sostenimiento de los empleos. Esto es usual en algunos países –como Brasil e Italia- para algunas industrias críticas.
Por todo lo anterior, se puede suponer también, que el subsidio está garantizando no sólo renta sino un flujo de fondos (caja, o “cash-flow”) suficiente para el pago de dividendos, pues un indicador clave de la buena gestión empresarial para empresas que cotizan en las bolsas internacionales (como Tenaris), es la capacidad de generación y de pago de dividendos, para lo cual necesitan asegurar caja.
Producción nacional de petróleo exportada
La única excepción al subsidio corresponde a la producción nacional que se exporta que es la del crudo de alta densidad (calidad tipo Escalante, o “pesado”) que se produce en la Cuenca del Golfo de San Jorge (Chubut y Santa Cruz Norte).
Básicamente; con la salida de producción de la unidad de Coque, en el complejo de destilación de YPF en La Plata, no hay capacidad de refinación doméstica suficiente para destilar todo el crudo pesado que se produce en el país. Mientras se espera que la unidad de Coque de reemplazo se ponga en marcha este año; la provincia de Chubut está más afectada que la provincia de Santa Cruz, porque los productores Tecpetrol y Enap-Sipetrol–entre otros- con producción en Chubut no cuentan con capacidad de refinación propia, como sí ocurre con YPF y PAE que producen en ambas provincias.
Las razones que esgrimen las autoridades nacionales para exceptuar del subsidio a la producción nacional que se exporta son poco claras. En principio, aún con lo sofisticado que pueda parecer, la razón puede basarse en que los productores exportadores pudieron haber garantizado un precio mínimo para asegurar ingresos. En tal sentido, las empresas petroleras cuentan con herramientas financieras de gestión empresarial para mitigar los efectos de la baja en los precios.
La práctica se conoce en español como “cobertura de precios” y en inglés como “hedging”. Es muy común para todos los exportadores de “commodities” a precios internacionales (granos, minerales, etc.). En petróleo, se trata de una práctica bastante usual para productores no integrados con alta exposición a la reducción de ingresos (como es el caso de los exportadores argentinos o los productores de los reservorios no convencionales en Estados Unidos).
Si tenemos en cuenta que tanto los Sres. Rocca y Bulgheroni sostuvieron que el precio se estabilizaría en el rango de los 60 o 70 dólares por barril; y que en el pasado, el precio del crudo de referencia en Estados Unidos cotizaba a futuro -para 2015 y años siguientes- a precios superiores a los 70 dólares por barril, los empresarios tuvieron la oportunidad de cubrir su producción a precios mayores de los de equilibrio, y así no necesitar subsidios.
Sin perjuicio de lo anterior, lo concreto es que hoy Chubut percibe menos regalías en comparación con años anteriores y los productores amenazan con suspender la perforación de nuevos pozos si resulta que tal producción se va a exportar y, con la suspensión de equipos, despedir masivamente a los trabajadores petroleros.
A pesar de las graves circunstancias en la que se encuentran los trabajadores petroleros en general y todo el pueblo de Chubut, es precisamente Chubut el epicentro del conflicto que hace visibles los montos de los subsidios y sus implicancias, ya que hasta el presente la ciudadanía en su conjunto suponía que tanto la administración saliente como la actual los otorgaban para mantener inversiones y asegurar con ellas los puestos de trabajo.
Lo cual es un argumento falaz, desde la propia naturaleza teórica de los subsidios y porque –en la práctica- ya se han desactivados equipos de perforación y se ha despedido trabajadores petroleros directos y de las empresas de servicios y suministros petroleros en forma explícita o bajo “retiros voluntarios”.
Un subsidio directo al empleo habría sido más efectivo en la conservación de puestos de trabajo y en el nivel de inversiones.
Montos anuales de los subsidios
Se estima que a precios internacionales de 30 dólares por barril, el subsidio a la producción que se refina localmente podría superar los 6 mil millones de dólares anuales.El monto sería menor si la producción doméstica se reduce y/o si el precio del petróleo internacional aumenta. Recíprocamente, sería superior a menores precios internacionales y/o si aumentara la producción doméstica.
Las versiones indican que, de aprobarse, los subsidios a la exportación de petróleo rondarían los 500 millones de dólares anuales.
En consecuencia, con fines comparativos, el monto de subsidios para el año 2016 podría equivaler aproximadamente a la capitalización bursátil de YPF o algo más de 5 veces la valuación estimada de Petrobras Argentina.
Asimismo, también sería aproximadamente equivalente a la inversión total de pozos perforados en Argentina en 2015. Es decir, que la ciudadanía argentina podría estar “donando”a los empresarios petroleros toda la inversión en perforación de pozos nuevos sin percibir ningún beneficio por ello. Por el contrario, por la producción nueva que se obtenga de tales pozos, los productores cobrarán mayores subsidios. Lo cual es irracional desde el punto de vista de la ortodoxia económica y un despropósito en la situación acuciante que vivimos los argentinos.
Es de notar que esta medida pro-renta empresarial, es una continuidad de la medida adoptada por el gobierno saliente. En tal sentido, ambas administraciones son responsables de explicitar públicamente los valores transferidos y explicar a la ciudadanía su razonabilidad.
Inflación, poder adquisitivo del salario y nivel de empleo
Sin perjuicio de las responsabilidades compartidas con la gestión anterior, la administración del Presidente Sr. Mauricio Macri decide sostener esta política aún con precios internacionales del petróleo sustancialmente más bajos que los del año pasado y aún cuando genera inflación –la que dice combatir-; no sólo por el precio artificialmente alto de los combustibles refinados, sino también por los precios de la energía eléctrica producida (antes de transporte y distribución) que se calculan -en su mayor proporción- por el precio marginal del MWH de mayor costo (que en general, corresponde a unidades de generación de menor eficiencia abastecidas con fuel-oil o gas-oil).
Asimismo las autoridades deben informar a la sociedad cuánto mayor son estos subsidios pro-renta empresarial en comparación con el monto de los subsidios cancelados a los consumidores carenciados de gas y electricidad que contribuían a paliar los efectos de la pérdida del poder adquisitivo del salario y de los ingresos de personas jubiladas y los ahorros de las personas sin empleo.
Resulta sugestivo el amplio apoyo brindado por los medios de circulación nacional para difundir los efectos distorsivos de los subsidios a los consumidores carenciados y así apuntalar los anuncios del Sr. Aranguren en la materia, mientras guarda silencio ante las distorsiones de los subsidios pro-renta empresarial petrolera.
En todo caso, según los dichos del Sr. Presidente Macri y el Sr. Prat Gay en el Foro de Davos, Argentina está dispuesta a someter su economía a la revisión del FMI, por lo que tendrán que explicitarles a terceros los montos involucrados en subsidios. De la misma manera, deberían comprometerse a explicitarlos a la ciudadanía argentina que es la que tiene que hacerse cargo de los mismos.
Con respecto al empleo, mientras que el Sr. Triaca y el Sr. Punte (ex Director de Recursos Humanos de Ternium, que junto a Tenaris y Tecpetrol forman parte del grupo Techint) insisten en su postura de negociar paritarias sobre la base de la productividad del trabajo, lo cual es improcedente desde el punto de vista técnico, ya que la productividad es función del trabajo y del capital y está determinada por las decisiones empresariales sobre ambos factores; es notable cómo guardan silencio sobre el tema petrolero.
En números, de otorgarse un subsidio directo al empleo (en lugar de un subsidio a la renta); los más de 6 mil millones de dólares anuales podrían pagar –por lo menos- los salarios y cargas sociales para todo el sector petrolero y de servicios indirectos.
En conclusión, los ciudadanos comunes nos formulamos muchas preguntas:
¿Descartaron los equipos de planeamiento de las empresas un escenario de precios internacionales inferiores al de equilibrio? ¿Los toma tan de sorpresa la situación internacional cuando deciden inversiones multimillonarias en otros países (como la planta de tubos sin costura en construcción por parte de Tenaris en Estados Unidos)? ¿Piden subsidios a los gobiernos de México o de Estados Unidos, por sus inversiones en petróleo y gas en tales países? ¿Cómo se explica que se aprueben y paguen dividendos en efectivo en medio de despidos que se cuentan por miles? ¿Podrán los trabajadores participar de las decisiones empresariales para aumentar la productividad? ¿La productividad de los trabajadores petroleros se calcula con subsidios o sin subsidios?
Fundamentalmente nos preguntamos: ¿Son tan altamente calificados los equipos empresariales y los gerentes (el “management”) de las empresas argentinas cuando requieren subsidios del Estado que podría superar los 6 mil millones de dólares para el año 2016 en vez de recurrir a las herramientas usuales de la “gestión” empresarial? ¿Los CEOs que ocuparon cargos políticos son capaces de evaluar las repercusiones de las medidas que propician y adoptan sobre el conjunto de la economía o prevalecen sus visiones micro-empresariales por sobre la visión del conjunto?
Se pueden formular algunas hipótesis, pero antes sería más que oportuno y necesario que el gobierno haga explícitos los montos involucrados en las transferencias al sector empresarial y la lógica de las políticas de empleo y anti-inflacionarias.
Flavia Di Cino
dicino.flavia@gmail.com
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Reviewed by luis
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2/07/2016
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