#España ¿Porqué baja el precio del petróleo y no el de la gasolina?

Más del 50 por ciento de lo que pagamos por un litro de gasolina son impuestos. La necesidad de seguir recaudando y la nula disposición a liberalizar el sector y animar la competencia, son las principales razones por las que la bajada del precio del petróleo no repercute en los bolsillos de los ciudadanos.

Han pasado más de dos años desde que  la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, refiriéndose al precio de las gasolinas, dijera aquello de que "sube como un cohete pero baja como una pluma". Era el preludio de un anuncio: que el gobierno iba a estudiar medidas para rebajar el precio de los carburantes con el objetivo de que se ajustaran a la media de la eurozona, mediante mecanismos impositivos y la liberalización de las gasolineras.

Dos años después, no hubo casi nada, y la dinámica sigue siendo la misma: cuando sube el precio del crudo, en seguida sube el precio del carburante; pero si baja el precio del barril, la repercusión en el precio finalista es lenta y, como ocurre en la actualidad, casi inexistente, algo por lo que los sufridos ciudadanos encima deberíamos estar todavía agradecidos, ya que de lo contrario hace meses que estaríamos en una crisis de deflación.

Ahí está para demostrarlo un hecho incontrovertible.  Mientras el barril de Brent, el crudo de referencia en Europa, ha pasado de costar 115 dólares (19 de junio de este año) a 68,69 (4 de diciembre), el precio medio acumulado de las gasolinas en España experimentaba en ese periodo una evolución muy distinta: de 1,346 euros el litro a 1,205 el gasóleo; y de 1,573 a 1,38 la gasolina. Constatar la racanería de la repercusión del precio en los bolsillos de los ciudadanos debería producir alarma social.

Algo similar ocurría con el barril de WTI que en junio alcanzaba los 105,79 dólares por barril, mientras el 4 de diciembre  se situaba en 67,85 dólares.

Y todo esto sucede con la complacencia de la vicepresidenta del gobierno, del Ministerio de Economía y del Ministerio de Industria, que asisten impasibles a un proceso sorprendente y profundamente contradictorio sin atreverse a intervenir, como si el asunto no fuera con ellos.

¿Dónde está el espíritu reformista del Gobierno?

La recaudación fiscal por la venta de combustibles está en peligro, argumento que explica el silencio administrativo lejos de la ampulosidad dialéctica de hace dos años.

De las medidas anunciadas entonces, la mayoría siguen en el limbo, una vez que el espíritu reformista del gobierno ha entrado en hibernación. Mientras tanto, los informes indican que los precios antes de impuestos de la gasolina y el gasóleo de automoción siguen siendo más altos en España que en los países de nuestro entorno, lo que queda claro cuando se comparan los márgenes por distribución de la gasolina sin plomo 95 en España, Francia, Alemania y Reino Unido, con nuestro país situado a la cabeza del pelotón. La reciente denuncia pública de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es como la prédica en el yermo páramo.

El asunto alcanza su justo nivel de trascendencia cuando se comprueba que el consumo de combustibles de automoción en España, gasolina y gasóleo, supera los 40.000 millones de euros anuales, lo que expresado en PVP indica que el consumo anual de estos carburantes sería equivalente al 4,1% del PIB español o, lo que es lo mismo, cada español consumiría, de media, unos 1.000 euros al año en gasolina o gasóleo. Y más del 50% para Hacienda.

Sin intención de simplificar el asunto y negar la complejidad de un sector que abarca  distintos  escenarios -que van desde la prospección  hasta la venta minorista pasando por la extracción, el refino o la distribución-, tampoco cabe ocultar, por ejemplo, que gracias a la mejoría de los márgenes de refino y la progresiva recuperación de la producción en Libia la empresa líder, Repsol, incrementaba su beneficios un 41 % en el tercer trimestre de este año. Según informaba Reuters, la mejora del margen de refino, gracias a la caída de los precios del crudo, ha impulsado los resultados de la multinacional española hasta los 1.646 millones de euros de beneficio en los nueve primeros meses del año, un 27,9 % más. Nada que objetar. Las empresas están para ganar dinero. Pero, ¿qué hace el Gobierno?

Milagro: baja la demanda, suben los precios

Cuando se habla del sector de los carburantes la opinión general es que necesita medidas concretas que aumenten la competencia. Por ello, la antigua Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ya propuso una serie de acciones concretas, como una reducción de las cargas administrativas y de las barreras a la creación de nuevas estaciones de servicio, una mayor transparencia en la política de precios de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), así como una revisión de su estructura accionarial, además de facilitar administrativamente la apertura de estaciones de servicio en grandes establecimientos comerciales. Así llevamos desde que se terminó el monopolio en 1992.

Propuestas, ni faltan ni van a faltar, al menos en su enunciado. La actual Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, y las anteriores Comisiones Nacionales de la Competencia y de la Energía, vienen planteando a los respectivos gobiernos acciones de todo tipo; y algún que otro expediente sancionador. Pero hasta la fecha la única certeza es la escandalosa evolución de los costes de las gasolinas, corolario de una política que, desde 2008, pone de manifiesto que los incrementos de los precios de los carburantes en España han sido superiores a los vigentes en el resto de las grandes economías de la UE.

El último intento fallido por frenar en parte esta tendencia fue el de febrero de 2013, cuando el gobierno aprobaba un paquete de medidas de apoyo al emprendedor y a la creación de empleo articuladas en un Real Decreto Ley. En la norma se podía encontrar también una supuesta apuesta del ejecutivo de Rajoy por introducir una mayor competencia en el sector de hidrocarburos al objeto de lograr un abaratamiento del precio final, algo que se entendía como trascendental debido al impacto del precio de los combustibles en los procesos industriales y comerciales, así como en la capacidad de consumo del cliente particular. Pero nada de nada.

Por encima de informes y conclusiones, lo cierto es que, pese a la extrema dureza de la crisis y de la pronunciada caída del consumo, desde el inicio de la recesión económica en 2008 se han registrado incrementos significativos de los precios minoristas de los carburantes en todo el territorio nacional. Una flagrante contradicción que sorprende a economistas y no economistas, que no llegan a entender cómo cuando se producen reducciones de la demanda se generan incrementos de precios, especialmente cuando el coste de la materia prima es internacional y los precios internacionales no han subido.

Barreras administrativas versus competencia

Los expertos consideran que el problema tiene su origen en una estructura del sector tan vertical que produce vértigo y que queda patente en el hecho de que en España existen 10 refinerías, propiedad de solo tres compañías, mientras que en Francia las 13 refinerías existentes están en manos de 5 petroleras; en Italia 10 empresas se reparten el sector del refino; en Gran Bretaña, 9 y en Alemania, 8.

Lo mismo cabría decir del sector de la distribución en donde las mismas tres grandes compañías petrolíferas controlan CLH y únicamente tres de ellas se reparten las 10.424 estaciones de servicio existentes en España.

Otro ejemplo más de la falta de competencia: la implantación de supermercados en las gasolineras es una opción que apenas requiere trámites; hacer lo contrario, que las grandes superficies incorporen entre sus equipamientos una estación de servicio, puede suponer un engorroso proceso repleto de trabas administrativas y permisos sujetos a la más variada normativa autonómica o municipal. Y mientras, sigue pagando el de siempre.

Fuente: Zoomnews.es