Protegerán los datos de riqueza petrolera en México

empresas nacionales y extranjeras que entren a la competencia en la industria petrolera mexicana tendrán prohibido generar un mercado negro con la información que obtengan sobre el descubrimiento de yacimientos petroleros y de gas, pues estarán obligadas a reportar toda la documentación al Estado. No hacerlo les costará hasta 15 millones 140 mil pesos (US$1,1 millones).

El proyecto de dictamen de la Ley de Hidrocarburos, que este martes someterán a discusión los integrantes de las comisiones unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado de la República, deja en claro que esta disposición tiene el objetivo de reafirmar el poder del Estado sobre los hidrocarburos.

A efecto de reforzar la propiedad del Estado sobre la información técnica y operativa que resulte de las actividades del sector, se limita que Petróleos Mexicanos o cualquier empresa productiva del Estado, así como los particulares, puedan comercializar la información obtenida de las actividades de reconocimiento y exploración superficial fuera de los medios y procedimientos establecidos en la ley y sin contar con el consentimiento previo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos”, precisa el proyecto de dictamen.

Se trata de una adición que hicieron los legisladores federales a la propuesta original del presidente Enrique Peña Nieto, contenida en el artículo 32, donde se señala que “pertenece a la nación la información geológica, geofísica, petrofísica, petroquímica y, en general, la que se obtenga o se haya obtenido de las actividades de reconocimiento y exploración superficial, así como de exploración y extracción, llevadas a cabo por parte de Petróleos Mexicanos, cualquier otra empresa productiva del Estado o por particulares”.

El texto original enviado por el Ejecutivo federal señala que “corresponde a la Comisión Nacional de Hidrocarburos el acopio, resguardado, uso, administración y actualización, así como la publicación de la información referida en el presente artículo, por medio del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos”.

En el proyecto de dictamen, los presidentes de las comisiones de Energía, el priista David Penchyna, y de Estudios Legislativos Primera, el panista Raúl Gracia, añadieron que “se prohíbe a Petróleos Mexicanos, cualquier empresa productiva del Estado, así como a los particulares, publicar, entregar o allegarse de información a la que se refiere el párrafo anterior, por medios distintos a los contemplados por esta ley o sin contar con el consentimiento previo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Lo anterior, sin perjuicio del aprovechamiento comercial de la información que sea obtenida por asignatarios, contratistas o autoridades conforme lo dispuesto por el artículo 33 de la presente ley”.

Esta disposición tiene respaldo en el capítulo correspondiente a las sanciones, donde los legisladores proponen que la Comisión Nacional de Hidrocarburos impondrá castigos por “no entregar en tiempo y forma la información que se obtenga como resultado de los trabajos de reconocimiento y exploración superficial, así como de la exploración y extracción de hidrocarburos conforme a la regulación correspondiente, con multa de entre siete mil 500 y 225 mil veces el importe del salario mínimo”.

El salario mínimo es de 67,29 pesos diarios (US$5,1), lo cual implica que la multa menor será por 504 mil 675 pesos (US$38.972) y la máxima de 15 millones 140 mil 250 pesos (US$1,1 millones).

Los contratos

Ayer, Excélsior informó que el proyecto de dictamen, que hoy discuten las comisiones del Senado de la República, establece, a propuesta de un grupo de expertos y empresarios, que será la competencia efectiva en el mercado nacional la que determine si antes del 31 de diciembre de 2018 los particulares tendrán derecho a importar gasolinas.

De igual forma, pone un periodo de cuatro meses para que el Estado aplique su poder de revocación y rescisión de los contratos y asignaciones a los empresarios nacionales y extranjeros que incumplan sus obligaciones y compromisos con el país en materia de exploración, extracción y distribución de petróleo, gas y gasolina.

Dispone que con excepción de la actividad petrolera en aguas profundas del Golfo de México, el contenido nacional en la industria energética del país se elevará a 35%, a más tardar hacia 2015, a fin de garantizar mejores niveles de competencia, que serán vigilados por diferentes entidades públicas federales.

Además, modifica la participación de las secretarías de Energía, Hacienda y Crédito Público y de Economía en el proceso de adjudicación, respecto de la iniciativa original del presidente Enrique Peña Nieto, a fin de fortalecer a la Comisión Nacional de Hidrocarburos como la máxima autoridad en el proceso de contratos.

Determina que será la Secretaría de Energía la que defina los perfiles de las zonas específicas a las cuales se les aplicará cada modelo de contratos.

De igual forma, aclara las reglas para la venta al público de gasolinas y gas, amén de que establece el calendario para que los actuales contratistas de Petróleos Mexicanos transiten hacia el nuevo modelo.

A fin de garantizar los derechos de los dueños de los terrenos donde existen yacimientos, el proyecto de dictamen dispone pagos en efectivo, en especie y compromisos de empleo como algunas de las modalidades de contraprestaciones a la que tendrán derecho los dueños de las tierras ricas en petrolíferos.

Lo anterior, a cambio de que las empresas nacionales y extranjeras puedan extraer gas y petróleo.