Compra sospechosa de Petrobras complica a Dilma

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, admitió haber autorizado un polémico negocio de Petrobras en 2006, cuando comandaba el Consejo de Administración de la petrolera controlada por el Estado, pero sostuvo que la decisión se basó en un informe "con fallas técnicas y jurídicas" presentado por un director de la empresa.

La compra del 50% de las acciones de una refinería en Pasadena, Estados Unidos, fue cuestionada por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que apuntó que, en 2005 el valor de la planta era estimado en 50 millones de dólares, y que Petrobras pagó en el año siguiente 360 millones de dólares por una participación del 50%.

Además, una cláusula del contrato obligó la petrolera brasileña a adquirir a la postre el resto de las acciones en poder de su socia, la belga Astra Oil, lo que hizo que los gastos de Petrobras totalizaran 1.180 millones de dólares.

En un comunicado divulgado ayer, la Presidencia brasileña afirmó que el Consejo de Administración autorizó la compra en base a un informe del entonces director del Área Internacional de Petrobras, Néstor Cerveró, que no mencionaba algunas cláusulas, entre ellas la obligación de la petrolera brasileña de asumir el control total de la refinería en el estado norteamericano de Texas.

"Si se hubieran conocido (las cláusulas), seguramente no habrían sido aprobadas por el Consejo", afirma el comunicado.

La existencia de dichas cláusulas fue descubierta recién en 2008, y llevó a Petrobras a recurrir a la Cámara Internacional de Arbitraje en Nueva York para anular el contrato, pero la demanda fue denegada por la corte y también por las entidades judiciales superiores de Texas. Por esa razón, en junio de 2012, Petrobras adquirió el 50% restante de la refinería, agrega la nota.

El comunicado de la Presidencia fue una reacción a una información publicada ayer por el diario O Estado de Sao Paulo, que reveló por primera vez los votos de los integrantes del Consejo de Administración de Petrobras en la reunión del 3 de febrero de 2006 que autorizó por unanimidad la cuestionada compra.

Además de Rousseff, quien era la presidenta del Consejo, votaron a favor de la propuesta los entonces ministros de Hacienda Antonio Palocci, y de Relaciones Institucionales Jacques Wagner, así como el presidente de Petrobras en la época José Sergio Gabrielli. Todos ellos pesos pesados del Partido de los Trabajadores.

Según O Estado de Sao Paulo, casi ocho años después de la compra "no hubo ninguna inversión de Petrobras en la refinería de Pasadena", ya sea para expandir su capacidad de refinación o para adaptarla para procesar el tipo de óleo pesado producido por la petrolera brasileña.

Circularon ayer en los mercados financieros sondeos realizados en las últimas horas, los que dieron cuenta de una declinación de la intención de voto por Rousseff de cara a las elecciones de octubre. Este escándalo podría afectarla aún más.

El negocio es investigado también por el Ministerio Público, por la Policía Federal y por el Congreso, donde legisladores de la oposición defendieron ayer la convocatoria del exdirector del Área Internacional de Petrobras para declarar sobre el tema.

"Si el Gobierno no se cuida, habrá una comisión parlamentaria de investigación (CPI). Una persona no puede comandar el Consejo de Administración de una empresa del porte de Petrobras y luego argumentar que fue engañada", disparó el líder del Partido Popular Socialista (PPS) en la Cámara baja, Rubens Bueno, en declaraciones a la agencia Estado.

El presidente del Senado, Renan Calheiros, de un partido aliado de la presidenta, salió ayer a enfriar las especulaciones acerca de una investigación parlamentaria formal.

FUENTE: AGENCIA FPA